EL 20 DE JUNIO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

EL 20 DE JUNIO EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DEL PAÍS

“No te calles. Defiende tus derechos”

Llevan cinco meses y medio en el Gobierno y no paran de recortar derechos. Guiado por Merkel
y las instituciones financieras, el Gobierno español ha puesto en marcha un descarnado
programa de reformas con la única obsesión de contener el déficit y acabar con derechos
laborales, sociales y democráticos. Creyeron que su sola presencia en el Gobierno tranquilizaría
a los poderes financieros y restablecería la confianza en nuestra maltrecha economía. Pero en
este breve periodo de tiempo el paro no ha dejado de crecer, la economía permanece estancada
y no se atisba la salida de la crisis.

Europa vive una grave crisis económica y social con tasas dramáticas de desempleo: son ya 24
millones las personas que están en paro en la Unión Europea, entre ellas más de cinco millones
de jóvenes. En España, el paro alcanza cifras dramáticas: más de 5,5 millones de personas; en
1,7 millones de hogares, ninguno de sus integrantes en condiciones de trabajar, tiene empleo.

Y por si fuera poco, el crecimiento imparable del desempleo coincide con un ataque generalizado
y sistemático a los derechos laborales y sociales, impulsado desde las instituciones europeas,
que está teniendo consecuencias especialmente dolorosas en los países del sur y del este de
Europa: disminución de salarios y pensiones, pérdida de derechos, debilitamiento de la
negociación colectiva y de la capacidad de los sindicatos para defender a los trabajadores,
deterioro de las prestaciones y servicios públicos, y ataque sin precedentes al Estado de
bienestar.

Reformas y ajustes contra los trabajadores

El pasado 10 de febrero de 2012, el Gobierno aprobó, sin negociación ni consulta con los
interlocutores sociales, la reforma del mercado de trabajo que ya se aplica en las empresas con
todas las consecuencias. Una reforma laboral que es el mayor golpe al derecho del trabajo de la
democracia; abarata y facilita el despido; refuerza el poder de los empresarios y consolida la
precariedad del mercado de trabajo. Además, frente a lo prometido por el Gobierno, la reforma
laboral no reduce las modalidades de contratación (crea un nuevo contrato que podrán utilizar el
99% de las empresas y que afectará al 65% de los trabajadores y trabajadoras; un contrato
precario de dudosa constitucionalidad); introduce diferencias en las posibilidades de empleo;
afecta gravemente a la negociación colectiva (la Comisión de Empleo del Congreso ha
endurecido todavía más este capítulo al poner fin a la ultractividad de los convenios una vez
transcurrido un año de su vigencia inicial); y facilita el despido en las Administraciones Públicas.